Instituto de Energía de la UASD rechaza nuevos cargos a usuarios de paneles solares

El Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IEUASD) rechazó la aplicación de nuevos cargos a los usuarios del Programa de Medición Neta y solicitó a las autoridades del sector eléctrico la suspensión y reconsideración de la medida, anunciada para el primero de noviembre de este año.

La medida contempla la aplicación de un 25 % del cargo por energía de la tarifa correspondiente, calculado sobre la energía total inyectada a la red por determinados usuarios del Programa de Medición Neta.

El Instituto aseguró que la medida afecta derechos adquiridos, compromete la seguridad jurídica y perjudica a ciudadanos que realizaron importantes inversiones en sistemas de generación solar bajo condiciones previamente establecidas.

Miles de familias y empresas dominicanas decidieron instalar sistemas fotovoltaicos confiando en las condiciones ofrecidas por el sistema eléctrico nacional, formalizando contratos de interconexión y realizando inversiones económicas significativas.

El organismo sostuvo que resulta injusto que, después de efectuadas esas inversiones y suscritos los acuerdos correspondientes, se pretendan modificar unilateralmente las condiciones económicas bajo las cuales los usuarios tomaron sus decisiones.

La posición del Instituto de Energía consta en una comunicación enviada el 16 de este mes al presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), ingeniero Joel Adrián Santos Echavarría, en respuesta al anuncio de EDESUR Dominicana de un nuevo esquuerma de facturación sustentado en la resolución SIE-007-2026-REG.

El Instituto de Energía advirtió que “no se pueden cambiar las reglas después de que miles de ciudadanos invirtieran sus recursos confiando en las condiciones establecidas por el Estado dominicano”.

El organismo, que es una dependencia de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UASD, indicó que “resulta injusto que, después de efectuadas esas inversiones y suscritos los acuerdos correspondientes, se pretendan modificar unilateralmente las condiciones económicas bajo las cuales los usuarios tomaron sus decisiones”.

Además, que “la protección de estos ciudadanos debe constituir una prioridad para las autoridades, especialmente, cuando actuaron de buena fe, cumplieron los requisitos establecidos y contribuyeron con recursos propios al desarrollo de las energías renovables en el país”.

Una transición energética requiere, como condición sine qua non, estabilidad regulatoria y respeto a la palabra empeñada por el Estado

siguió diciendo.

No es jurídicamente aceptable ni económicamente racional promover durante más de una década la inversión privada en energía solar para luego modificar en perjuicio del usuario las condiciones que motivaron dicha inversión

establece la comunicación institucional

insistió el organismo.

Más allá de su rechazo a la medida, el Instituto de Energía reafirma su compromiso de acompañar y orientar a los ciudadanos que pudieran resultar afectados por la modificación de las condiciones de sus contratos

dijo.