Juez archiva caso contra Milei y hermana por colapso de $LIBRA

El juez federal argentino Marcelo Martínez di Giorgi archivó el caso del presidente de Argentina, Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de los demás investigados en la causa penal abierta por el colapso de la criptomoneda $LIBRA. La decisión judicial determina que los hechos denunciados no encuadran en una figura legal penal.

El fallo concluye que las acusaciones por presunta estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública no tienen base legal. La decisión también benefició al empresario estadounidense Hayden Mark Davis y a un grupo de intermediarios y analistas financieros vinculados al proyecto.

Tras conocerse la resolución, el presidente Milei se pronunció a través de su cuenta en la red social X, asegurando que la Justicia «volvió a poner las cosas en su lugar». El mandatario cuestionó quién le compensará por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias, calificando las denuncias en su contra como una «operación política y mediática» impulsada por sectores opositores.

El caso se remonta a mediados de febrero de 2025, cuando Milei publicó un mensaje en X promocionando el lanzamiento de $LIBRA. La capitalización de mercado del activo escaló rápidamente por encima de los 4,000 millones de dólares, impulsada por unos 40,000 inversores.

Sin embargo, en cuestión de horas el valor del token colapsó luego de que varias billeteras digitales retiraran cerca de 90 millones de dólares. Tras el desplome, el jefe de Estado borró la publicación y aclaró que no tenía vinculación alguna con el proyecto ni conocía los pormenores del mismo.

En su fallo, el magistrado sostuvo que aunque la «investidura institucional» del mandatario pudo otorgarle visibilidad al token, esa circunstancia no constituye un «ardid defraudatorio». La resolución judicial generó inmediatas reacciones de rechazo entre los inversores afectados y organizaciones civiles.

Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), calificó la medida como «prematura» y advirtió sobre el riesgo de consolidar un pacto de impunidad sin haber completado todas las diligencias probatorias.