Juez condena a tres años de prisión a Miguelina Bello por sustraer municiones de la Policía

Santo Domingo.- El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público y dictó una condena de tres años de prisión contra Miguelina Bello Segura, tras comprobarse su participación en una red criminal dedicada a la sustracción y posterior venta irregular de pertrechos y municiones pertenecientes a la Policía Nacional, una estructura desmantelada a través de la Operación Pandora en noviembre de 2024.

La sentencia contempla la suspensión condicional de la mitad de la pena acordada, por lo que la imputada deberá cumplir un año y seis meses bajo la modalidad de arresto domiciliario, quedando sujeta al cumplimiento de reglas específicas durante el tiempo de privación de libertad supervisada.

Entre las condiciones fijadas por el tribunal a propuesta de los fiscales litigantes Ernesto Guzmán y Rosa Ysabel, adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, figura la obligación de fijar un domicilio permanente y reportar formalmente cualquier variación de residencia ante el Ministerio Público y el juez de Ejecución de la Pena.

De igual manera, Bello Segura tiene prohibido salir del país sin previa autorización judicial, portar armas de fuego de cualquier tipo y consumir bebidas alcohólicas de forma inmoderada, además de quedar obligada a presentarse mensualmente ante las autoridades correspondientes.

La jueza de la instrucción Kenya Romero emitió el fallo tras la homologación de un acuerdo de penalidad abreviada en el cual la procesada admitió plenamente su culpabilidad en la acusación formulada por el órgano de persecución penal y manifestó su disposición de prestar colaboración técnica. La decisión judicial dispuso además el decomiso a favor del Estado de todos los accesorios retenidos durante el proceso, fijando la lectura íntegra del dictamen para el 5 de noviembre de 2026 a las tres de la tarde.

Como antecedente en esta misma causa, el tribunal dictó en septiembre una condena de cinco años de prisión domiciliaria contra Marino Antonio Rodríguez Toribio, ordenando el cierre definitivo de la entidad comercial Tactical Accesories RH, S.R.L., el pago de una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público y el decomiso de los bienes incautados a su persona y a la razón social procesada.

En la misma resolución judicial, el juzgado dictó auto de apertura a juicio de fondo contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, así como contra el capitán Nelson Valdez, quien se desempeñaba como director del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la institución policial.

Junto a los oficiales superiores, enfrentarán juicio de fondo los imputados Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez. A los procesados Féliz Romero, Valdez, Martínez Bacilio, Díaz Medina y Medina Pérez se les varió la medida de coerción de prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos mediante contrato de fianza, impedimento de salida del territorio nacional y presentación periódica ante la fiscalía. Por su parte, a Santos Rodríguez se le mantuvieron vigentes las medidas cautelares consistentes en fianza, restricción de viaje y firma ante el órgano judicial.

Alcance del entramado y tipificación legal

Las indagatorias señalan que la red de corrupción, cuyos integrantes fueron apresados durante las acciones de la Operación Pandora, despojó al Estado dominicano de una suma ascendente a 92 millones 191 mil 732 pesos con 92 centavos, mediante la sustracción de miles de proyectiles e insumos militares que permanecían bajo la custodia de la Intendencia de Armas durante la gestión del oficial Féliz Romero.

El expediente penal establece que los encartados ejecutaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer los pertrechos de la institución de orden público para su comercialización en el mercado informal, obteniendo lucros económicos perjudiciales para el patrimonio público.

A la estructura se le imputa la comisión de faltas graves clasificadas como coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, en violación de varios artículos del Código Penal dominicano.

Asimismo, se les atribuyen infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como violaciones a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al incurrir en la legitimación de fondos derivados del tráfico ilícito de material bélico y sus accesorios.