Juez impone fianza de RD$50,000 a psiquiatra acusada de involuntario ingreso de ingeniero
Un juez de Santo Domingo Este impuso fianza y medidas de coerción a la psiquiatra Ylsa Quero, acusada de haber ingresado a un ingeniero contra su voluntad a un centro de salud mental.
El juez de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Leomar Cruz Quezada, impuso medidas de coerción a la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera, consistente en una garantía económica de RD$50,000, presentación periódica e impedimento de salida del país, tras rechazar la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.
La decisión se da en el marco de una investigación que vincula a la médica con el presunto ingreso involuntario de un ingeniero a un centro de salud mental, luego de que fuera trasladado contra su voluntad desde una empresa constructora ubicada en Alma Rosa II, Santo Domingo Este.
El abogado de la psiquiatra, Jean Cristofer Pérez, cuestionó los fundamentos de la acusación y aseguró que no existen pruebas que relacionen directamente a su representada con los hechos investigados.
Pérez sostuvo que la imputación se apoya en las declaraciones de Nancy Estervina de Jesús, expareja del ingeniero y también procesada en el caso, quien habría afirmado que realizó el ingreso por instrucciones de la doctora.
El jurista también señaló que Quero Cabrera no aparece mencionada en una acusación anterior relacionada con el mismo expediente y puso en duda que las declaraciones de otra imputada sean suficientes para sustentar el proceso.
Asimismo, cuestionó que a la psiquiatra se le atribuya complicidad en un caso de violencia intrafamiliar y criticó la actuación del Ministerio Público, al considerar que la acusación carece de fundamento.
Mientras se conocía la medida judicial, médicos y especialistas en psiquiatría se congregaron frente a la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este para expresar su apoyo a Quero Cabrera.
La situación ha generado preocupación entre profesionales de la salud mental por las posibles repercusiones del caso en la atención de pacientes que requieren internamiento e intervención de emergencia.
La defensa afirmó que las actuaciones de la médica respondieron a la aplicación de un protocolo de atención y advirtió sobre el temor que este tipo de procesos podría generar entre los profesionales al momento de intervenir en situaciones similares.
Pérez también hizo un llamado a la Procuraduría General de la República y cuestionó el uso de recursos estatales en un proceso que considera carente de sustento.
Por su parte, el Ministerio Público sostiene la vinculación de la psiquiatra a partir de los elementos presentados durante la investigación, mientras que su defensa rechaza las imputaciones y cuestiona las pruebas que las respaldan.
