Ministerio de Trabajo exige reconocimiento de derechos a trabajadores de plataformas

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, exigió a las empresas que operan mediante plataformas digitales que reconozcan los derechos laborales de quienes prestan servicios a través de sus aplicaciones. El funcionario destacó que estos trabajadores enfrentan riesgos sin contar con la protección de la Seguridad Social.

Durante una entrevista en el programa D’AGENDA, Olivares explicó que el Ministerio prioriza la regulación de las nuevas formas de empleo vinculadas con la economía digital, incluyendo servicios de transporte, entrega de alimentos y desarrollo de software.

El funcionario señaló que repartidores que trabajan para plataformas como Uber, inDrive y PedidosYa pueden sufrir accidentes durante sus entregas sin tener cobertura laboral adecuada. Indicó que, en estos casos, el Estado asume costos que podrían ser cubiertos por el sistema de protección social.

Olivares destacó que la falta de afiliación a la Seguridad Social puede dejar a los trabajadores y sus familias en situaciones vulnerables, especialmente si un accidente causa discapacidad permanente y no hay acceso a una pensión por ese motivo.

Como parte de los esfuerzos para abordar esta situación, el ministro recordó que se reunió con representantes de estas empresas poco después de asumir el cargo. Según explicó, los ejecutivos argumentaron que quienes prestan servicios mediante las aplicaciones no son empleados de las compañías.

Sin embargo, Olivares sostuvo que las personas que realizan estas labores no deben ser consideradas empresarios por el simple hecho de disponer de un medio de transporte. Agregó que varios países de Europa y América Latina han avanzado en la regulación de la economía de plataformas, y la OIT también ha impulsado medidas en esa dirección.

El funcionario indicó que el Consejo Consultivo del Trabajo deberá evaluar el tema para garantizar que quienes trabajan bajo estas modalidades queden protegidos por la legislación dominicana.

Oliv de Trabajo plantea reformar la Ley de Seguridad Social. El ministro reconoció que el lenguaje utilizado por el Sistema Dominicano de Seguridad Social resulta complejo para gran parte de la población, lo que dificulta la comprensión de sus derechos y procedimientos.

En su rol de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, Olivares anunció la necesidad de mejorar la comunicación institucional y mencionó que se prevé un encuentro con periodistas para analizar cómo explicar el funcionamiento del sistema de manera más clara y accesible.

También defendió la modificación de la Ley 87-01, que creó el sistema de Seguridad Social, al considerar que deben ampliarse las posibilidades de afiliación para todas las personas que trabajan. Esta reforma forma parte de los esfuerzos relacionados con un programa de empleo decente desarrollado con el apoyo de la OIT.

En otro aspecto de la entrevista, Olivares afirmó que el Ministerio de Trabajo mantiene inspectores desplegados en el territorio nacional para detectar posibles casos de trabajo forzoso, aunque aseguró que las inspecciones no han encontrado evidencias de esta práctica.

El funcionario explicó que el trabajo forzoso es uno de los primeros aspectos que se investigan durante las visitas a las empresas. También señaló que en el sector azucarero se realizan inspecciones permanentes y reuniones técnicas al comienzo de cada zafra para establecer protocolos con trabajadores y representantes empresariales.

Olivares recordó que Estados Unidos impuso una sanción a República Dominicana por la posibilidad de importar productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso. Sin embargo, insistió en que, según los resultados de las inspecciones del Ministerio, no se ha detectado esta práctica en el país, especialmente en la industria azucarera.

El titular de Trabajo agregó que la institución mantiene una vigilancia especial sobre el trabajo infantil en el sector agrícola. Como ejemplos, mencionó dos casos identificados en Azua y La Altagracia: uno relacionado con un trabajador que llevaba a su hijo al lugar de trabajo y otro con jóvenes que laboraban en el sector arrocero.

Según Olivares, las autoridades adoptaron medidas contra los propietarios de las fincas involucradas en ambos casos.