Poder Ejecutivo propone plan territorial para aprovechar minas y proteger tierras agrícolas

Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo depositó este jueves ante el Congreso Nacional el proyecto de ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, una iniciativa que busca aprovechar el potencial productivo de las distintas regiones del país, incluyendo las zonas de vocación minera, y evitar que terrenos destinados a la agricultura y otras actividades económicas sean ocupados por asentamientos humanos.

La propuesta, presentada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, procura establecer directrices para determinar dónde pueden desarrollarse proyectos habitacionales, industriales, turísticos, agrícolas y mineros, tomando en consideración las características del territorio y la protección de los recursos naturales.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó que el instrumento permitirá identificar los terrenos con potencial minero y evitar que sean ocupados por asentamientos humanos incompatibles con su aprovechamiento productivo.

Explicó que, de igual manera, se busca impedir que las tierras de vocación agrícola sean utilizadas indiscriminadamente para la construcción de viviendas, una práctica que reduce la disponibilidad de terrenos destinados a la producción de alimentos.

El legislador sostuvo que la finalidad es obtener el mayor beneficio posible del territorio nacional mediante una distribución más eficiente de las actividades económicas, sin descuidar la protección de los recursos para las futuras generaciones.

El viceministro de Ordenamiento Territorial, Domingo Matías, explicó que la propuesta es el resultado de cinco años de consultas y trabajos técnicos desarrollados en las distintas regiones del país, con la participación de representantes de los sectores productivos, las universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Indicó que uno de los principales objetivos consiste en corregir el crecimiento desorganizado de los asentamientos urbanos y garantizar que las futuras inversiones públicas respondan a una planificación territorial.

Según el funcionario, en 1960 apenas el 30 % de la población dominicana residía en zonas urbanas, proporción que situó actualmente en un 87 %, como resultado de un proceso de urbanización que, a su juicio, se produjo sin suficiente regulación.

Matías afirmó que, una vez aprobado el plan, toda inversión pública deberá estar alineada con sus directrices, lo que obligaría a considerar los riesgos naturales, el cambio climático y la vocación productiva de los terrenos antes de ejecutar nuevos proyectos.

Se busca que cada actividad económica y social se ubique donde corresponde: las industrias en los lugares adecuados, las residencias donde corresponde, y que se respeten los suelos costeros y marinos, así como la Ley de Áreas Protegidas, explicó.

El viceministro aseguró que el nuevo instrumento también fortalecerá la seguridad jurídica, establecerá criterios más claros para el uso del suelo y respetará el derecho de propiedad privada.

A su vez, Paliza destacó que la República Dominicana enfrenta desafíos particulares debido a su extensión territorial y elevada densidad poblacional, estimada por el funcionario en unos 240 habitantes por kilómetro cuadrado.

Sostuvo que esta realidad obliga al Estado a planificar cuidadosamente el crecimiento económico, la construcción de infraestructura y la preservación de los recursos naturales.

Debemos velar no solo por cómo nos desarrollamos, sino también por cómo cuidamos nuestros medios productivos, nuestras fuentes de agua, nuestros recursos naturales y algunas áreas estratégicas del país, como las turísticas, manifestó.

El ministro explicó que la propuesta fue conocida y aprobada previamente por el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader, conforme al procedimiento establecido en la legislación vigente.

Añadió que el Gobierno trabaja en la elaboración de más de 60 planes municipales de ordenamiento territorial, que deberán articularse con las directrices nacionales y regionales.

La iniciativa se sustenta en los artículos 193 y 194 de la Constitución y en la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, promulgada en diciembre de 2022.

Esta legislación dispone que el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial establezca una visión de desarrollo para un período de 30 años, con revisiones y actualizaciones cada diez años.

El instrumento busca orientar tanto las decisiones del sector público como las actividades privadas, para compatibilizar el desarrollo económico con la conservación ambiental, la gestión de riesgos y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.