Proponen penas de hasta 30 años por contrabando de armas hacia Haití

Orlando Espinosa, secretario de Asuntos Aduanales y Puerto de la Fuerza del Pueblo (FP), propone revisar la legislación vigente para endurecer las sanciones y fortalecer los controles aduaneros frente a las redes criminales que trafican armas y municiones hacia Haití.

Espinosa señaló que el tráfico ilícito de armas y pertrechos de guerra hacia Haití requiere sanciones más severas, ya que actualmente las penas establecidas en la Ley General de Aduanas 168-21 no alcanzan los niveles necesarios para detener este tipo de actividades.

Según el funcionario, la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece condenas que pueden llegar a 30 años de prisión por delitos específicos vinculados al desvío de pertrechos oficiales. Sin embargo, en casos de tráfico a través de procedimientos aduaneros, las sanciones suelen ser menos severas.

Como ejemplo, citó informes del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití, que mencionan la interceptación, en el puerto de Haina, de un contenedor procedente de Miami declarado como ajuares del hogar. En su interior se encontraron 36,000 cartuchos y 23 armas de fuego.

También mencionó la detención de un segundo teniente del Ejército dominicano y un ciudadano haitiano, sorprendidos cuando transportaban 1,516 cartuchos en una motocicleta por la provincia San Juan. A juicio de Espinosa, este caso evidencia los riesgos del tráfico terrestre de municiones.

El representante de la FP cuestionó que durante la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se hayan reportado casos de municiones de origen militar dominicano en poder de organizaciones criminales haitianas, y consideró que esas situaciones requieren investigaciones y respuestas institucionales.

Espinosa expresó que resultaba difícil imaginar que municiones destinadas a la defensa de la República Dominicana pudieran terminar en manos de bandas armadas haitianas. También aludió a casos de narcotráfico en los que, afirmó, han sido mencionados dirigentes y legisladores del PRM.

El dirigente insistió en que las nuevas modalidades del crimen organizado representan un desafío para la seguridad nacional y llamó a revisar el marco legal para fortalecer las sanciones contra quienes participen en el tráfico ilícito de armas y municiones.