Secuestro de militares salvadoreños revela deficiencias en misión en Haití

Santo Domingo. La comunidad internacional sigue sin cumplir con el despliegue previsto de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, lo que se ha agravado con el secuestro de cuatro militares salvadoreños. El caso ha elevado la tensión sobre la seguridad de los integrantes de la misión internacional.

Según el reporte oficial presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 12 de octubre de 2026, la GSF contaba con apenas 1,563 efectivos en el terreno, frente a los 5,500 que debía desplegar para completar su capacidad operativa durante ese mes. Esto representa un cumplimiento del 28.4 % de la meta, con un déficit de 3,937 uniformados.

Aunque el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que la fuerza rondaba los 2,000 efectivos debido a la llegada de nuevos contingentes, esa cantidad sigue considerablemente por debajo del objetivo establecido. El retraso en el despliegue ha generado preocupación sobre la capacidad de la misión para enfrentar la violencia en el país.

Los cuatro militares salvadoreños fueron secuestrados el domingo 18 de octubre, tras una emboscada en el sector de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. El Gobierno haitiano declaró prioritaria su liberación y anunció el reforzamiento de las operaciones de seguridad.

La decisión fue adoptada después de una reunión de alto nivel en la oficina del primer ministro, donde las autoridades evaluaron las acciones en marcha y acordaron fortalecer la búsqueda en coordinación con la GSF. El Ejecutivo haitiano aseguró que ha movilizado recursos para localizar a los militares y conseguir su liberación.

Mientras tanto, los enfrentamientos con grupos armados han dejado varios presuntos pandilleros muertos y cuatro integrantes de la fuerza internacional heridos. La situación pone de relieve los riesgos que enfrentan los contingentes internacionales desplegados en Haití, donde las bandas armadas conservan capacidad para organizar emboscadas, secuestros y ataques contra las fuerzas de seguridad.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió la liberación con vida y sin daños de sus cuatro compatriotas y anunció el inicio de una operación militar para rescatarlos. “Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

Bukele también dirigió una advertencia a los jefes de las pandillas que mantienen retenidos a los militares: “entiendan algo muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos”. El gobernante salvadoreño advirtió que sus declaraciones no debían interpretarse como amenazas vacías, en un mensaje que eleva la presión sobre los responsables del secuestro y anticipa una respuesta más contundente si los militares no son liberados.

El secuestro ocurre en medio de las dificultades de la comunidad internacional para reunir los efectivos necesarios para enfrentar a las pandillas haitianas. La GSF fue creada para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada anteriormente por Kenia, que tampoco consiguió completar el despliegue previsto ni frenar la expansión de los grupos armados.

El Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la nueva fuerza hasta marzo de 2027, mientras Estados Unidos y otros países promueven la llegada de más contingentes para ampliar las operaciones. Sin embargo, el retraso en el despliegue y el secuestro de los cuatro militares salvadoreños plantean interrogantes sobre la capacidad de la misión para proteger a sus propios integrantes y alcanzar los objetivos de seguridad establecidos.

A más de un año de los esfuerzos internacionales por reforzar la seguridad haitiana, la fuerza antipandillas todavía no alcanza la cantidad de efectivos prevista y sus integrantes continúan expuestos a ataques de las organizaciones criminales. La liberación de los cuatro militares y el cumplimiento de las metas de despliegue constituyen ahora dos pruebas inmediatas para la respuesta internacional ante la crisis de Haití.

Mientras se espera el reforzamiento de la misión, la población civil sufre la violencia de las pandillas. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, más de 5,700 personas han muerto en Haití en lo que va del año debido a la violencia armada. Muchas de las bajas civiles ocurren por balas perdidas o el uso de drones por parte de las mafias.