Senado aprueba digitalización de trámites judiciales
El Senado aprobó la digitalización de trámites judiciales como medida para modernizar el sistema legal y mejorar el acceso a la justicia.
Santo Domingo.- Los senadores aprobaron de urgencia, en dos sesiones consecutivas, el proyecto que modifica varios artículos de la Ley 339-22, de uso de medios digitales en el Poder Judicial, convirtiéndolo en ley. El marco jurídico pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o observación.
La norma busca optimizar la prestación de servicios judiciales, fortalecer su eficiencia y garantizar un acceso a la justicia más ágil, transparente y seguro. Aunque la Ley 339-22 vigente permite realizar trámites judiciales por medios digitales, los establece como una alternativa, no como regla general.
La legislación trae cambios en los artículos 4, 5, 12 y 14, y adiciona un artículo 12.1 a la Ley 339-22. Con estos cambios, la digitalización se convierte en regla general para todos los trámites judiciales, incorporando herramientas como la firma digital y un sistema georreferenciado que garantice la trazabilidad y seguridad de las diligencias.
La ley establece un marco más claro para el uso de audiencias virtuales, permitiendo a las partes optar por esta modalidad y otorgando al juez la facultad de decidir en caso de desacuerdo. Además, mejora la normativa actual, facilita la firma digital gratuita a los auxiliares de la justicia y el uso de la tecnología para erradicar las notificaciones en el aire y fortalecer la seguridad jurídica.
El pliego legal fue propuesto originalmente por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el Senado en octubre de 2025, pero fue rechazado y reintroducido en la Cámara Baja el pasado 17 de agosto, por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, junto a los voceros de las diferentes bancadas partidarias, tales como Ydenia Doñé, Rogelio Alfonso Genao, Pedro Martínez, Onavel Andrés Aristy, José David Báez, Elías Wessin Chávez y Amado Díaz.
La nueva figura de “spoofing” o falsificación digital es una novedad destacada. Se trata de una técnica cibernética que permite falsificar o suplantar la identidad, hora, fecha o ubicación de una fuente legítima en el uso de los medios digitales del Poder Judicial. La iniciativa también amplía el uso de la firma digital y consigna la implementación de un sistema georreferenciado para documentar el lugar, la fecha y la hora de las diligencias de los alguaciles.
La legislación busca ampliar las facilidades tecnológicas y normativas para el uso de la firma digital por parte de los auxiliares de la justicia y otros actores activos y pasivos del sistema.
