SIP alerta que censura estructural en Nicaragua limita libertad de prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que el Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantiene un esquema de censura estructural que limita la libertad de prensa y la labor del periodismo independiente en el país.

En un informe aprobado durante su 82 Asamblea Anual, la SIP destacó que la disminución de agresiones físicas en la vía pública no refleja una mejora de las garantías, sino la desaparición del periodismo de campo, que ahora debe realizarse de manera clandestina o bajo vigilancia constante.

Según el informe, un estudio de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) reveló que desde 2018 más de 300 periodistas y trabajadores de medios se han exiliado, y en 2025 al menos 58 comunicadores abandonaron la profesión por precariedad económica, desempleo, cierre de espacios informativos y riesgo de represión.

La FLED identificó 11 departamentos o el 65 % del territorio nacional como “zonas de silencio informativo”, aunque medios y periodistas en el exilio continúan informando a la población. En Nicaragua no hay actualmente periódicos impresos en circulación, según la SIP.

La SIP señaló que la presión estatal se ha desplazado al ámbito digital y a mecanismos administrativos y legales. En abril de 2025, el gobierno, a través de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), eliminó los dominios .com.ni de medios como La Prensa, Onda Local y 100 % Noticias.

Un mes después, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) ordenó el cierre de Radio Stereo Romance y confiscó sus equipos, alegando incumplimientos técnicos. Entre abril y junio del año pasado, la FLED registró 28 agresiones digitales, incluyendo campañas de difamación, divulgación de datos personales y amenazas contra periodistas y sus familias.

La SIP advirtió que el marco legal continúa siendo utilizado como instrumento de intimidación, mencionando las reformas a la Ley Especial de Ciberdelitos y al Código Penal que incorporaron conceptos ambiguos vinculados con la “seguridad nacional”, la “soberanía” y la “estabilidad del Estado”, permitiendo restringir la divulgación de información considerada no autorizada.

Además, se impulsó una reforma constitucional en 2026 que elevó a rango constitucional restricciones aplicables a personas calificadas oficialmente como “golpistas” o “traidoras a la patria”, utilizadas contra periodistas. El acceso a la información pública permanece prácticamente inoperante para los periodistas independientes, según la organización.

La FLED también documentó intentos de reclutamiento de periodistas como informantes estatales. La Policía Nacional y otros agentes estatales son señalados como los principales responsables de estas prácticas, que incluyen seguimiento, restricciones de movilidad, decomiso de dispositivos e interrogatorios, según el informe.