Honduras discute endurecer penas a menores por pandillas
Honduras revisa medidas para sancionar a menores involucrados en pandillas, mientras activistas alertan sobre impacto negativo en adolescentes.
Una propuesta para reducir la edad penal o endurecer las sanciones contra menores infractores ha reabierto el debate sobre la violencia de las pandillas en Honduras. Activistas advierten que estas medidas no protegerán a los adolescentes, quienes son empujados al crimen por la pobreza y la exclusión.
La iniciativa, impulsada por el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, aún no ha sido presentada formalmente y no define aún la edad mínima de imputabilidad ni la pena máxima. Mientras el oficialismo busca frenar el reclutamiento de menores por las pandillas, defensores de derechos humanos abogan por fortalecer la justicia juvenil especializada, con énfasis en la rehabilitación y la reinserción social.
Wilmer Vásquez, coordinador de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), dijo a EFE que cualquier reforma debe basarse en evidencia científica y respetar la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordó que el marco legal vigente ya prevé sanciones contra menores.
No es cierto que exista impunidad cuando un menor de edad comete una infracción, afirmó Vásquez, quien cuestionó que el endurecimiento de las penas pueda ser una respuesta efectiva ante la criminalidad o disuadir a los adolescentes captados por estructuras delictivas.
El debate adquiere relevancia en un país donde las pandillas, conocidas como maras, mantienen presencia y ejercen control sobre algunos barrios, además de estar vinculadas con delitos como asesinatos, amenazas y extorsiones. Entre las principales estructuras figuran la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.
Según datos del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), el 80 % de los adolescentes involucrados en actividades delictivas está relacionado con extorsión y tráfico de drogas. Para los defensores de la niñez, el desafío no se limita a definir la sanción aplicable, sino también a analizar las condiciones que facilitan la captación de adolescentes por grupos criminales y la capacidad del Estado para prevenirla.
En Honduras, los mayores de 18 años son juzgados por el sistema ordinario, mientras que los adolescentes de 12 a 17 años están sujetos a un régimen especial que contempla sanciones orientadas a su rehabilitación y el internamiento en centros correccionales.
Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), señaló a EFE que reducir la edad de imputabilidad o juzgar a adolescentes como adultos es un asunto “altamente complejo” que debe respetar los tratados internacionales vigentes para Honduras desde 1990.
Maradiaga subrayó que los jóvenes “no son los responsables de la inseguridad” que afecta a Honduras, un país considerado uno de los más violentos del mundo por las altas tasas de muertes violentas, pese a no estar en guerra. Defendió la necesidad de abordar las deficiencias estructurales antes de recurrir a nuevas medidas punitivas.
Según datos de Coiproden, Honduras cuenta con cinco centros de internamiento donde permanecen 163 adolescentes, mientras otros 1.276 cumplen medidas alternativas. A la vulnerabilidad de la niñez se suman 245 menores víctimas de desplazamiento forzado identificados por el Conadeh en 2025 y más de 1,2 millones de niños fuera del sistema escolar.
Maradiaga precisó que incluso hay adolescentes de 16 o 17 años sometidos a procesos judiciales que no han cursado siquiera el primer grado de educación, una realidad que, a su juicio, evidencia la necesidad de considerar los factores sociales y educativos que rodean la delincuencia juvenil.
No podemos estar reaccionando como en otras ocasiones, como apagafuegos
apostilló la funcionaria, quien pidió la participación de especialistas para diseñar respuestas sostenibles. Los activistas coincidieron en que cualquier reforma debe considerar tanto la responsabilidad individual de los adolescentes como su vulnerabilidad y la captación por estructuras criminales, sin sustituir las políticas de prevención y reinserción por el endurecimiento de las penas.
