Policía Nacional registra 314 entregas voluntarias de personas con órdenes de arresto pendientes

La Policía Nacional reportó que desde mediados de agosto hasta la fecha, 314 personas se han entregado voluntariamente a las autoridades, tras ser buscadas por distintos casos judiciales. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó sobre esta cifra durante una declaración oficial.

La cifra es parte de las 53,873 órdenes de arresto pendientes registradas por la institución, relacionadas con delitos como homicidio, agresiones, violencia intrafamiliar, asaltos, robos, entre otros. Raful explicó que estas entregas voluntarias son parte de las acciones que se desarrollan para localizar a las personas requeridas por la justicia.

Según la ministra, el 19 de octubre, 314 personas decidieron entregarse a la Policía. Estas personas eran buscadas por distintos casos y optaron por presentarse ante las autoridades. La funcionaria destacó que estas acciones son clave para garantizar que los casos sean resueltos conforme a la ley.

El Ministerio Público tiene a su cargo los casos de las personas entregadas, así como las acciones judiciales en cada situación. Esto implica que los expedientes continúen su curso conforme a la ley y que cada persona asuma su responsabilidad judicial.

Según informaciones ofrecidas por la Policía, entre las órdenes de arresto hay personas con múltiples registros policiales, algunos de los cuales acumulan decenas de antecedentes. Raful mantuvo que las acciones de las autoridades están orientadas a fortalecer el Estado de derecho y asegurar que los casos sean conocidos por las instituciones.

La funcionaria expresó que el objetivo es respaldar el Estado con una profunda vocación, asegurando que las acciones de las autoridades se realicen dentro de lo que establece la ley. Destacó la importancia de que las transformaciones institucionales perduren con el pasar de los años, con el objetivo de garantizar los derechos de las personas.

Raful añadió que el Ministerio Público es un poder independiente y las acusaciones tienen que ser sometidas por ellos, sin importar si la persona es civil, policial o si el hecho está fuera de la ley. Esta postura refleja el compromiso de las autoridades con la justicia y el cumplimiento de las normas.