Propietarios acusan falta de protección tras nuevas medidas para inquilinos
Propietarios españoles denuncian falta de garantías tras nuevas normativas que protegen a los inquilinos.
Una propietaria de un apartamento en Cercedilla, cerca de Madrid, se queja de la falta de protección legal tras la implementación de nuevas medidas que favorecen a los inquilinos. María José Fernández, de 65 años, dejó su vivienda al no poder seguir pagando el alquiler y se vio obligada a mudarse con su hija. Se siente “estigmatizada” desde que el Gobierno español anunció su intención de reforzar la protección de los inquilinos.
La mujer, que alquilaba un apartamento de unos 50 metros cuadrados, afirma que la pareja que lo habitaba dejó de pagar el alquiler de 710 euros mensuales de forma repentina. Esta situación le causó un “desgaste absolutamente terrorífico” a nivel psicológico. “He tardado casi dos años en conseguir una fecha para el desahucio”, lamenta.
Ante la ola de manifestaciones por el desalojo y el fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivió toda su vida en el apartamento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso la instauración de contratos de alquiler indefinidos y la prohibición de desahucios de personas vulnerables hasta 2030. Sin embargo, su propuesta fracasó en el Congreso, lo que llevó al adelanto de las elecciones legislativas al 29 de noviembre.
El resultado de la votación será observado por quienes se manifiestan por el acceso a la vivienda, así como por los cerca de 30 millones de propietarios de bienes inmuebles inscritos en el catastro. Muchos de ellos reclaman más garantías jurídicas y denuncian una normativa cada vez más restrictiva. En 2023, una ley ya había reforzado los derechos de los inquilinos y aumentado la intervención pública en el mercado del alquiler.
Sin embargo, varias disposiciones, como la regulación de los alquileres en zonas tensionadas, no se aplican en las regiones gobernadas por el Partido Popular. Los precios han seguido subiendo ante una demanda creciente. Antes de las elecciones, algunos propietarios ya estudian posibles planes de acción.
Javier Medina, que posee once inmuebles alquilados y que le reportan unos 10,000 euros al mes, se queja de que las medidas no le ayudan, sino que le perjudican. “No solo no me ayudan, sino que encima me perjudican con estas medidas”, afirma. “Está todo parado, a ver qué ocurre” en las elecciones, dice, quien vive de alquiler junto con su esposa y sus dos hijos.
La exportavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, puede dar fe de la situación: azote de los “fondos buitre” en el Parlamento, anunció su renuncia la semana pasada tras conocerse que su pareja es propietario, a través de una sociedad, de una treintena de viviendas.
Temiendo ser identificada por sus inquilinos, María, de 38 años, prefiere no dar su apellido. “Me enfada mucho (...) Ahora ya somos asesinos porque Maricarmen ha muerto”, aseveró muy molesta esta mujer que afirma haber empezado “de cero” su negocio inmobiliario. En 20 años, ha reunido un patrimonio de 30 propiedades en Cataluña.
María se defiende al afirmar que “no soy un fondo buitre”, considerando injusto que la metan “en el mismo saco” que a los grandes fondos de inversión a los que el Ejecutivo quiere prohibir “especular” con la vivienda comprando masivamente bienes inmuebles. “No voy a alquilar más, a medida de que se vayan quedando vacíos los pisos, voy a vender”, amenaza.
La Federación de Asociaciones Inmobiliarias ha alertado de que las operaciones de alquiler podrían caer “entre un 25 y un 30% en las próximas semanas”, con el riesgo de que la oferta se reduzca aún más y los precios sigan disparándose.
